La LCS llega a su madurez pendiente de reformas

 

Celebra este año su 40 aniversario

 

La Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguros, acaba de cumplir 40 años. Para conmemorarlo, hemos preguntado por lo que aportó y lo que debería cambiar en ella a representantes de los principales bufetes especializados en el sector. Se constata un reconocimiento unánime de su aportación inicial en la modernización del mercado y la necesidad de llevar a cabo una serie de importantes cambios.

 

 

Apenas dos años después de la aprobación de la Constitución Española, la Ley de Contrato de Seguros venía a sustituir la ya anticuada e insuficiente regulación que en esta materia contenían el Código de Comercio y el Código Civil. Incorporaba al ordenamiento jurídico español las reglas generales y herramientas con las que los profesionales del seguro se mueven desde entonces en su día a día. Fue de esta forma una norma adelantada a su tiempo, un paso de gigante, una gran ley, un cambio extraordinario en la legislación española… así definen algunos abogados especializados lo que significó la nueva normativa en pleno proceso de democratización y modernización de las instituciones.

Según Jesús Vélez, socio director de Kennedys Abogados, en la regulación previa del Código Civil (art 1.791 a 1.797) el contrato de seguros se analizaba “de forma muy simple y superficial, de manera que, por un lado, el asegurador no tenía que tener siquiera la condición de empresario, por lo que su actividad podía ser desarrollada tanto por personas físicas como jurídicas”. Por otro lado, el asegurado “no tenía reconocido ningún derecho, a pesar de ser la parte más débil de la relación contractual en la mayor parte de los casos”.

Para Luis Alfonso Fernández, de Hogan Lovells, se trata de una norma que “tiene como su centro de atención la protección de la parte débil de un contrato y debe ponerse en relación con lo previsto en el artículo 51 de la Constitución”. Según este artículo, los poderes públicos garantizarán la defensa de los consumidores y usuarios.

Nicolás Fernández Miranda, de EverLaw Legal, recuerda que la ley supuso también un acercamiento a la normativa europea, que tuvo una clara influencia en su redacción y que determinó uno de los aspectos más innovadores: su carácter tuitivo con los intereses del asegurado, al que dota de una protección acorde con su consideración de consumidor.

Y es que, esta Ley 50/80 fue pionera en la legislación especial de protección de los consumidores, precediendo en ese sentido a la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y a la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre Condiciones Generales de la Contratación. Para Luis Alfonso Fernández resulta “muy curioso ver que la LCS se adelantó incluso a la ONU, que instituyó el Día Mundial de los Derechos del Consumidor en 1983”, de ahí que sea “una norma pionera y no sólo a nivel nacional”.

 


NICOLÁS FERNÁNDEZ  MIRANDA (EVERLAWLEGAL):
“La LCS supuso un acercamiento a la normativa europea”

ALEJANDRO SANCHÍS (AMG LEGAL):
“Las sentencias dictadas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) se han adaptado a la realidad actual, como ha ocurrido en el sector bancario con la firma de préstamos hipotecarios, créditos, etc”


 

Asimismo, viene a ser el prólogo de lo que unos años más tarde se convertiría en la normativa que prohibió la inclusión de las cláusulas abusivas en los contratos suscritos por los consumidores. Posteriormente, fue la Directiva Europea sobre cláusulas abusivas de 1993 la que, desde su incorporación a nuestro derecho en 1998, dio lugar a todo un cuerpo normativo en materia de protección de los consumidores y usuarios.

Para Gonzalo Ruiz-Gálvez, de Blecua Legal, lo más destacado como especialmente innovador fue el “principio pro asegurado” según el cual, en caso de duda en la interpretación de los condicionados del asegurado, se optará por la interpretación que le resulte más favorable, en sintonía con la necesidad de que el asegurado acepte, expresamente y de forma destacada, aquellos pactos de la póliza que puedan limitar sus derechos.

Además, cabe destacar entre estas figuras o reglas que nos trajo la Ley 50/80 las referentes a la mora del asegurador, el infraseguro, la acción directa en los seguros de responsabilidad civil, la prórroga anual automática, el deber de aminorar las consecuencias del siniestro y los coaseguros, entre otras.

 


QUÉ APORTÓ LA LCS

– Herramientas jurídicas necesarias para el sector segurador.
– Protección a la parte más débil del contrato.
– Acercamiento a la normativa europea.
– Prólogo de la posterior prohibición de cláusulas abusivas en los contratos suscritos por los consumidores.


 

QUÉ DEBE CAMBIAR

Aun reconociendo que es una gran ley desde el punto de vista técnico y todo lo que supuso para el sector asegurador español, lo cierto es que la norma también ha acusado el paso del tiempo. Luis Alfonso Fernández, de Hogan Lovells, se pregunta cuántas leyes subsisten en nuestro país durante 40 años con tan sólo cambios puntuales. Pero muchas han sido las voces autorizadas que han propuesto una reforma de la misma, por haber quedado desfasada en diversos aspectos que no podían haber sido tenidos en cuenta cuando fue promulgada.

En opinión de Jesús Vélez, una de las cuestiones que debería abordar la reforma de la ley es el establecimiento de mecanismos alternativos para la resolución de conflictos entre las partes del contrato de seguro. “Se ha señalado, y con razón, que la ley ha dado lugar a una excesiva judicialización de las relaciones entre asegurados y compañías aseguradoras. Este problema podría resolverse a través del establecimiento de instituciones como el arbitraje o la mediación, que permitan aligerar la carga de trabajo de los órganos jurisdiccionales”. En este sentido, manifiesta que una alternativa a este problema podría ser la creación de un centro de mediación y arbitraje de seguros, como el CIMPAS (Centro de Informaçao, Mediaçao, e Arbitragem de Seguros) de Portugal, que tiene facultades para resolver contenciosos derivados de todos los seguros de masas.

Otro aspecto que considera necesario en la reforma de la ley es su adaptación a los nuevos sistemas de contratación electrónica. “El seguro ha pasado en estos años de ser una actividad excepcional a ser un elemento consustancial de toda actividad económica. Su consumo se ha generalizado. y en este proceso juegan un papel muy relevante la contratación digitalizada a través de internet y de las nuevas tecnologías”, argumenta.

 


GONZALO RUIZ-GÁLVEZ (BLECUA LEGAL):
“El artículo 20 resulta un gravamen desmedido para el asegurador y una fuente de enriquecimiento injustificado para el asegurado, que condiciona la objetiva gestión de los siniestros”

JAVIER MONTERO:
“Es de esperar que la posible modificación de la LCS se realice de forma serena y con ánimo de mejorar los puntos que pudieran requerir actualización”

MAITE MUÑOZ (EJO ABOGADOS):
“Los intereses moratorios no están bien regulados. El interés fijado es excesivo, lo que genera graves perjuicios para las compañías”


 

En general, expertos como Antonio Albanés Membrillo, de Albanés & Asociados, señalan que “la reforma de la ley debería acometer nuevas modalidades de seguro que no existían cuando fue promulgada o cuyo consumo se encontraba en una fase muy incipiente. Hoy en día nadie duda de la necesidad de armonizar la regulación de los seguros de crédito, considerados críticos para incentivar la recuperación de las pequeñas y medianas empresas, y del seguro de crédito a la exportación, de la necesaria revisión del seguro de caución, de la necesidad de abordar la regulación de los seguros contra ataques cibernéticos, de la actualización a fondo de los seguros contra incendios, de los seguros sobre las pruebas genéticas y de las técnicas de reproducción asistida, y por qué no, de la necesidad de abordar la regulación del seguro contra procesos de contagio y pandemias. Seguros todos ellos consumidos o exigidos de forma creciente en las sociedades modernas”.

La nueva reforma deberá abordar también la transparencia de los contratos de seguro. La jurisprudencia prácticamente unánime de nuestros tribunales establece la necesidad de que, en los contratos de seguros celebrados con consumidores, las cláusulas limitativas de los derechos de los asegurados cumplan un triple control formal (aceptación expresa por el asegurado, de acuerdo con lo establecido en el artículo 3 de la ley), de transparencia y de contenido. En este sentido, Alejandro Sanchís, de AMG Legal, se refiere a las sentencias dictadas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que “se han adaptado a la realidad actual, como ha ocurrido en el sector bancario con la firma de préstamos hipotecarios, créditos, etc”.

 


QUÉ DEBE CAMBIAR

– Reforma de mecanismos alternativos para la resolución de conflictos entre las partes.
– Adaptación a los nuevos sistemas de contratación electrónica.
– Transparencia de los contratos de seguro.
– El artículo 20 por ser un gravamen desmedido para el asegurador y una fuente de enriquecimiento injustificado para el asegurado.


 

Por su parte, Luis Enrique Rodríguez y Miguel Relaño, Partners de Clyde & Co, añaden la necesaria revisión de los artículos 10, 11 y 12, que regulan la declaración y agravación del riesgo pasando de un sistema basado únicamente en la obligación del tomador de contestar a las preguntas que le formule el asegurador, a un sistema basado en la buena fe del tomador a la hora de declarar y comunicar cualquier circunstancia relevante para el riesgo. “En nuestra opinión, el sistema actual, además de crear un importante desequilibrio a favor del asegurado, incentiva el fraude y la mala fe de algunos asegurados, al obligar a las aseguradoras a indemnizar siniestros en los que, de forma flagrante y palmaria, el tomador ha ocultado deliberadamente datos esenciales del riesgo, tanto antes de la suscripción como durante la vigencia de la póliza, y sin embargo, la aseguradora nada puede hacer por el simple hecho de que no planteó un cuestionario previo (lo cual carece de sentido en algunos tipos de seguro) o por no haberle formulado la pregunta concreta”.

Asimismo, consideran que el artículo 15 que regula el impago de la prima debería incorporar la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre esta materia y actualizar nuevas situaciones no contempladas, como el régimen de pago fraccionado.

 


LUIS ENRIQUE RODRÍGUEZ Y MIGUEL RELAÑO (CLYDE & CO):
“El sistema actual, además de crear un importante desequilibrio a favor del asegurado, incentiva el fraude y la mala fe de algunos asegurados”.

LUIS ALFONSO FERNÁNDEZ (HOGAN LOVELLS):
“Esta ley tiene en su centro de atención la protección de la parte débil de un contrato”

RUTH DUQUE (DWF-RCD):
“La Administración ha tenido un enfoque abierto y negociador para discutir las posibles novedades en la regulación del seguro”.


 

AGILIDAD EN LA GESTIÓN DE SINIESTROS

En cuanto a la agilidad en la gestión de los siniestros, Gonzalo Ruiz-Gálvez, de Blecua Legal, opjna que hay dos preceptos “que suponen un gran escollo. Aunque su origen pretendía favorecer la agilidad en la gestión de los siniestros por parte de los aseguradores y dotar de garantías y protección a los asegurados, lo cierto es que se han convertido en una incesante fuente de problemas”.

Por un lado, destaca, “el artículo 38 sigue resultando confuso y farragoso, y en los últimos años es empleado por asegurados y sus letrados de forma malintencionada, con artilugios para que el asegurador no pueda designar perito en plazo y sus informen devengan inatacables”.

Por otro, el artículo 20, apunta Ruiz-Gálvez, “resulta un gravamen desmedido para el asegurador y una fuente de enriquecimiento injustificado para el asegurado, que condiciona la objetiva gestión de los siniestros. Es habitual que el asegurador se vea estratégicamente obligado al pago de siniestros con el único objeto de evitar el riesgo de imposición de los intereses del artículo 20 LCS, que en ocasiones multiplica el importe de la reclamación de forma exponencial. Un interés del 20% anual no tiene sentido en un tiempo en que el interés legal es del 3%”.

De la misma opinión es Maite Muñoz, de Ejo Abogados, pues le parece que el apartado de los intereses moratorios “es un tema que actualmente no está bien regulado”. A su juicio, el interés fijado es excesivo y “además, se aplica muchas veces de forma automática por los tribunales generando graves perjuicios para las compañías, debido al retraso en la Administración de Justicia y la tardanza en formalizar las reclamaciones en sede judicial por parte de los perjudicados”.

 


JOSÉ ANTONIO MUÑOZ VILLARREAL (MUÑOZ ARRIBAS ABOGADOS):
“España es el único país de nuestro entorno en el que las aseguradoras sufren el agravio comparativo respecto del resto de empresas al imponerse unos intereses penales, desproporcionados y no justificados”.

ANTONIO ALBANÉS MEMBRILLO (ALBANÉS & ASOCIADOS):
“La reforma de la ley debería acometer nuevas modalidades de seguro que no existían cuando fue promulgada o cuyo consumo se encontraba en una fase muy incipiente”.


 

Para José Antonio Muñoz Villarreal, de Muñoz Arribas Abogados, España es el único país de nuestro entorno en el que las aseguradoras “sufren el agravio comparativo respecto del resto de empresas al imponerse unos intereses penales, desproporcionados y no justificados. La modificación de este precepto, siguiendo el modelo de nuestro entorno jurídico y económico, reduciría sensiblemente el alto coste económico que tiene para el sector asegurador, resolvería la falta de seguridad jurídica al calcular primas y reservas (no olvidemos que al tratarse de intereses punitivos, esta sanción no queda afecta al límite de cobertura), mejoraría sensiblemente la imagen que el mercado asegurador internacional tiene de nuestro país, atraería inversión extranjera, etc., lo que a la postre tendría un impacto positivo en el consumidor y en la economía española”.

Jorge Jiménez, de Jiménez Muñiz Abogados, pone el acento en que “sería deseable una armonización de las normas del contrato de seguros en Europa, pues, en un mundo cada vez más global e interconectado tecnológicamente, pierde su sentido el que haya 27 normativas diferentes en materia del contrato de seguro”. En su opinión, lo ideal es que “hubiera una regulación única en la Unión Europea, con derechos iguales para todos y con los mismos mecanismos y herramientas destinados a todos los estados miembros. La realidad es que esta plena armonización parece aún lejana, más en las circunstancias actuales (pandemia, Brexit) por lo que quizás ha llegado el momento de que la ley 50/80 reciba una importante actualización, o mejor sería, el nacimiento de una nueva Ley que recoja lo mejor de los 40 años de existencia de la Ley 50/80 y aborde nuevas necesidades”.

ACUERDOS PARA REFORMAR LA LEY

El sector asegurador representa aproximadamente el 5% del PIB español; de hecho, se ha reivindicado como un sector clave para la dinamización de la Economía. Las reformas descritas exigirán que todos los poderes públicos, y no sólo la Administración, se pongan de acuerdo en la armonización de la normativa sobre seguros en la Unión Europea.

No parece que 40 años después vayamos a tener a corto o a medio plazo una reforma en profundidad de la ley 50/80 y eso pese a que desde el año 2006 han existido multitud de trabajos cuyo objetivo era el análisis y estudio de la misma con el fin de identificar aspectos a incluir en una futurible reforma. Según Jorge Jiménez, “es posible que pudiera llegar a producirse a medio plazo algún cambio normativo parcial, como ha venido sucediendo hasta ahora (por ejemplo, los introducidos por la Ley 20/15, de 14 de julio de Ordenación, Supervisión y Solvencia de las Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras, o los que acomete la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria), pero la actual situación sanitaria y de confrontación política no auguran en mi opinión cambios relevantes”.

 


JESÚS VÉLEZ (KENNEDYS ABOGADOS):
“Una de las cuestiones que debería abordar la reforma es el establecimiento de mecanismos alternativos para la resolución de conflictos entre las partes del contrato”

JORGE JIMÉNEZ (JIMÉNEZ MUÑIZ ABOGADOS):
“Lo ideal es que hubiera una regulación única en la Unión Europea, con derechos iguales para todos y con los mismos mecanismos y herramientas destinados a todos los estados miembros”.


 

El abogado Javier Montero, es algo más optimista cuando afirma que “sí parece existir inquietud en la Administración para acometer una cierta actualización de la regulación en materia de seguros, como demuestra su inclusión en el frustrado proyecto de Código Mercantil. Es de esperar que, en cualquier caso, dicha posible modificación de la Ley del Contrato de Seguro se realice de forma serena y con ánimo de mejorar los puntos que pudieran requerir actualización, sin frustrar los avances que dicha norma proporcionó al ser aprobada y que siguen siendo eficaces a fecha de hoy”.

Por su parte, Ruth Duque, socia del Área de Seguros de DWF-RCD, cree que “la Administración ha tenido un enfoque abierto y negociador para discutir las posibles novedades en la regulación del seguro. Cabe demandar que continúe este esfuerzo con valentía y sin apriorismos, liderando activamente una reforma legal que es imprescindible para seguir modernizando la actividad aseguradora en España dentro del mercado europeo de seguros”. I