¿Qué hacemos con las pensiones?

 

Los retos del sistema público de pensiones y sus posibles soluciones

 

El reto demográfico, el déficit de la Seguridad Social o el estancamiento de los ingresos obtenidos a través de las cotizaciones de los trabajadores son algunos de los desafíos que ha de afrontar el sistema público de pensiones español. Hemos consultado a partidos políticos, patronal, sindicatos e instituciones de inversión y ahorro y cada uno de estos actores tienen su propia postura acerca de la mejor manera de abordar estos retos. Sin embargo, todos parten de un punto de encuentro: la preminencia de un sistema público sostenible y con pensiones suficientes.

 

 

El sistema público de pensiones se enfrenta a varios desafíos, que se irán acentuando en los próximos años. El primero de ellos es el actual déficit. “El sistema público de pensiones ha llegado a la pandemia arrastrando un importante déficit público que ha obligado al Gobierno a apoyar a la Seguridad Social desde el presupuesto propio del Estado. Además, la previsión es que el gasto de la Seguridad Social supere los 163.000 millones el próximo año, un 4,3% más, con una nueva revalorización de las pensiones en pleno deterioro del empleo”, comenta Antonio Garamendi, presidente de la CEOE.

Si bien podría entenderse como una situación coyuntural, debido al descenso de los ingresos captados por las cotizaciones de los trabajadores, Ángel Martínez-Aldama, presidente de Inverco, advierte que “desde 2012, el sistema público de reparto experimenta un déficit constante entre el 1,4% y el 1,8% del PIB”.

Nuestro sistema de pensiones es sostenible, pero no lo es de cualquier manera

 

De este modo, opina que “al margen de las crisis económicas, lo que se observa es una crisis estructural”, provocada por varios motivos que están tensionando nuestro sistema de pensiones y que se acentuarán a medio y largo plazo. “En España hay tres factores que presionarán el gasto del sistema de pensiones público durante las próximas dos décadas. En primer lugar, el número de pensionistas pasará de forma progresiva de 9 a 15 millones. Además, el tiempo de permanencia como jubilado se está incrementando en 1,5 años cada 10 años. Y el importe medio de la pensión es creciente, ya que las nuevas altas son un 30% superiores a las bajas sólo por efecto sustitución, sin incluir indexación alguna. Estos tres factores, más pensionistas, con mayor importe de pensión y cobrándola durante mayor tiempo, inciden claramente en la sostenibilidad del sistema”, afirma.

Íñigo Barandiaran, portavoz del Grupo Vasco EAJ-PNV en la Comisión del Pacto de Toledo, señala que en este escenario habría que añadir que “no se observa aumentar la población ocupada ni que los puestos de trabajo de los nuevos trabajadores reúnan las condiciones de estabilidad o calidad suficientes para tener bases de cotización más altas o durante más tiempo, de cierto nivel cualitativo”. Al hilo de ello, Pilar Sánchez Iglesias, directora de Previsión Social y Beneficios en Investigación y Desarrollo Actuarial y de Seguros (IDEAS) y asociada de OCOPEN, incide en la repercusión que tienen en el mercado laboral la globalización y la digitalización.

 


PABLO CAMBRONERO (CIUDADANOS):

“El tratamiento fiscal de los planes de pensiones tiene que buscar, en primer lugar, y ante todo, evitar que en la práctica se produzca una doble tributación”

ÁNGEL MARTÍNEZ-ALDAMA (INVERCO):

“Los límites de aportación a los planes de pensiones no deberían bajarse en el sistema individual mientras que los planes de empresa no cubran a la gran totalidad de trabajadores”.


 

Por estos motivos, Pablo Cambronero, portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos en la Comisión del Pacto de Toledo, defiende “la necesidad de reformas que permitan tanto conseguir el reequilibrio financiero del sistema en el corto plazo como apuntalar la sostenibilidad a largo plazo”. Y considera que “nuestro sistema de pensiones es sostenible, pero no lo es de cualquier manera”. Así pues, insiste en que dichas reformas “tienen que ver con las reglas que se utilizan para determinar las pensiones de hoy y de mañana, pero deben hacerlo de tal manera que se pueda garantizar unas pensiones suficientes, que sean compatibles con la sostenibilidad del sistema”.

En cualquier caso, Barandiaran opina que “el debate sobre la suficiencia de las pensiones es diferente al de su viabilidad”. “No es ni correcto ni deseable vincular ambos debates, como si se produjera alguna contradicción entre concretar pensiones que permitan un modo de vida digno a quienes acceden al retiro, con aquel de la sostenibilidad del sistema, que hace referencia a su financiación. Si algún día se diera esa contradicción, sería el momento de advertir que el sistema está en quiebra, y no por falta de alternativas para su financiación, sino porque dejaría sin contenido el artículo 50 de la Constitución, que obliga a los poderes públicos a garantizar a los ciudadanos la suficiencia económica durante su retiro mediante pensiones suficientes y actualizadas. La quiebra sería no financiera, sino conceptual”, declara.

GASTOS IMPROPIOS Y SEPARACIÓN DE FUENTE

El portavoz del Grupo Vasco reclama que se clarifiquen las fuentes de financiación, como ha propuesto la Comisión del Pacto de Toledo en sus últimas recomendaciones, “evitando que el sistema de pensiones haga frente a gastos que se han denominado ‘impropios’, por no corresponder a obligaciones adquiridas por el sistema como consecuencia de cotizaciones de sus trabajadores”.

La Comisión aconseja que dichos gastos pasen a ser sufragados por los Presupuestos Generales del Estado (PGE). Entre ellos se incluyen ayudas a empresas basadas en la reducción de la cotización de los trabajadores a la Seguridad Social, tarifas planas para el incentivo del trabajo por cuenta propia, prestaciones relacionadas con el nacimiento de hijos o cuidado de menores, el complemento de maternidad en la pensión, etc.

 


PILAR SÁNCHEZ IGLESIAS (OCOPEN):

“Es preciso trabajar para incorporar en el sistema factores de ajuste automáticos que sean coherentes con la evolución de la esperanza de vida y con la evolución de los salarios o de los precios”

CARLOS BRAVO (CCOO):

“En los próximos 25 años necesitaríamos unos recursos adicionales que alcanzaran un máximo de en torno a 3-4 puntos del PIB para garantizar un trato similar comparable para los ‘baby-boomers’, disminuyendo notablemente después el esfuerzo necesario”.


 

“Las cotizaciones de los trabajadores han venido siendo empleadas para cubrir muy diferentes necesidades. Estos gastos ‘impropios’ han de ser cubiertos con las partidas adecuadas de los PGE, de forma que se separen y se asignen correctamente las fuentes de financiación. Sin este paso, cualquier reforma paramétrica del sistema irá dirigida simplemente a reducir el gasto global, pero no verdaderamente a lograr un sistema sostenible y suficiente. Igualmente, los excedentes que se produzcan en las cotizaciones han de ir necesariamente destinados al fondo de reserva de las pensiones, y no ser aplicados a otras necesidades”, apunta Sánchez Iglesias.

Mercè Perea, portavoz del Grupo Socialista en la Comisión del Pacto de Toledo, puntualiza que los PGE para 2021, que actualmente se están negociando, contemplan transferencias para hacer frente a esta situación. Detalla que el Gobierno prevé transferir 31.177 millones de euros “para hacer frente a diversos gastos, en cumplimiento de la Recomendación 1 de la Comisión -separación de fuente de financiación-”. Especifica que 13.929 millones se destinarán a garantizar la sostenibilidad del sistema, mientras que “el resto serán para prestaciones que la Comisión considera que han de ser sufragadas por los Presupuestos Generales del Estado”, como las anteriormente citadas.

 

 

MAYOR COMPROMISO CON EL SISTEMA

Barandiaran recalca que “habrá que abordar un debate social y político de primer orden, que consistirá en saber cuál es el grado de compromiso de esta sociedad con el sistema y, por tanto, con nuestros mayores y con quienes se encuentran en mayor grado de desamparo”. Puntualiza que el sistema de pensiones supone actualmente un 11% del PIB nacional, mientras que “nuestro entorno político y cultural tiene un grado de compromiso mayor, que ronda el 14%-15% de su PIB, por lo que aún tenemos recorrido para garantizar su sostenibilidad”. Así pues, afirma que hay que perder el miedo “a destinar al sistema un mayor porcentaje de gasto que el actual”, olvidando la “premisa falsa” de que el sistema se mantiene en exclusiva con las cotizaciones.

En esta misma línea, Carlos Bravo, secretario de Políticas Públicas y Protección Social de CCOO, afirma que “en los próximos 25 años necesitaríamos unos recursos adicionales que alcanzaran un máximo de en torno a 3-4 puntos del PIB para garantizar un trato similar comparable para los ‘baby-boomers’, disminuyendo notablemente después el esfuerzo necesario”. Opina que se trata de “un esfuerzo manejable, al alcance de nuestra sociedad y nuestra economía”, aunque reconoce que “exige avanzar en medidas fiscales, de equidad dentro del sistema de Seguridad Social -que debe basarse en todos los casos en cotizaciones por ingresos reales-, refuerzo de la contributividad del sistema, ampliación de fuentes de financiación, actuaciones tendentes a equilibrar la corresponsabilidad entre hombres y mujeres en términos de cuidados y afectación a la carrera profesional, etc.”.

Al hilo de ello, Pilar Sánchez Iglesias se refiere a la situación de los autónomos. “Se debe continuar avanzando gradualmente para que sus cotizaciones reflejen sus ingresos reales”, anota.

DINAMIZAR EL MERCADO LABORAL

La recuperación del trabajo es una de las palancas para impulsar el sistema de pensiones, ya que permitiría aumentar los ingresos del sistema a través de cotizaciones o de impuestos. Barandiaran remarca que se debe “incidir de forma decidida en el mercado de trabajo, ya que la base del sistema han de ser sus ingresos ordinarios por cotizaciones”. De este modo, hace hincapié en que hay que “incentivar y controlar un empleo de mayor calidad y cantidad”.

La recuperación del trabajo es una de las palancas para impulsar el sistema, ya que permitiría aumentar los ingresos a través de cotizaciones o de impuestos

 

En esa línea, Garamendi afirma que “la principal medida sería crear empleo y de calidad”. “La primera opción es esa: que la economía funcione, que haya empleo y que se incrementen los ingresos por cotizaciones sin necesidad de tocarlas”, añade.

El portavoz de Ciudadanos insiste en ello: “Son los jóvenes de hoy quienes sostienen las pensiones. Por eso, con un 41% de paro juvenil -35 puntos más que Alemania y más del doble que la UE- y una precariedad generalizada, apostamos por una reforma del modelo laboral que elimine los contratos temporales y deje de distinguir entre trabajadores de primera y de segunda. Todos los contratos serán indefinidos desde el primer día, garantizando más y mejores cotizaciones al sistema”.

EQUIPARAR JUBILACIÓN LEGAL Y REAL

Aproximar la edad legal de jubilación -65 años y 10 meses, actualmente- y la edad real -64,3 años- es una de las formas de reducir la factura de las prestaciones. El presidente de CEOE insiste en que “es importante acercar la edad de jubilación real a la legal, siempre dentro del marco de la negociación colectiva, porque no todas las actividades son iguales ni nos exigen física o intelectualmente lo mismo”.

La penalización de las jubilaciones anticipadas o el aumento de los años de cómputo para el cálculo de la pensión son algunas de las medidas que apuntan en esta línea.

 


DUALIDAD EN LA SUFICIENCIA DE LAS PENSIONES

Carlos Bravo (CCOO) reseña que uno de los problemas del sistema de pensiones es la dualidad desde el punto de vista de la suficiencia. Por un lado, indica que existe un “sistema de sustitución de rentas adecuado, relacionado con la carrera de cotización previa, para las carreras completas o más prolongadas de cotización”.
Sin embargo, advierte que ciertos colectivos mantienen un sistema de protección mejorable. “Hay personas que reciben pensiones no contributivas en torno a 400 euros, claramente insuficientes; diferencias de género derivadas de carreras de cotización más cortas en promedio para las mujeres, como consecuencia de brechas laborales -salariales, tipo de contrato…-, pero también por problemas de desigualdad en la atribución de responsabilidades sociales y de cuidados; o escasa protección al trabajo autónomo, como consecuencia de la menor contribución que realizan al sistema durante su vida activa; por citar algunas de las más relevantes”, desgrana.
“El sistema de complementos a mínimos para las carreras más cortas o determinadas prestaciones es un corrector relevante, pero no siempre suficiente. Y en ocasiones, susceptible de ser utilizado indebidamente”, añade.


AJUSTE DE LAS PENSIONES

Perea afirma que “se debe actuar a corto, medio y largo plazo para garantizar el poder adquisitivo de los pensionistas, junto con medidas por el lado de los ingresos”. El portavoz de Ciudadanos recuerda que la Comisión del Pacto de Toledo “ha optado por recuperar la actualización de las pensiones al IPC, fórmula más garantista pero que requiere de una mayor responsabilidad para no comprometer la sostenibilidad”.

Sánchez Iglesias indica que “es preciso trabajar para incorporar en el sistema factores de ajuste automáticos que sean coherentes con la evolución de la esperanza de vida y con la evolución de los salarios o de los precios”. Además, considera que “la pensión máxima es otro elemento que necesita revisión en cuanto a su naturaleza y finalidad”.

 


ÍÑIGO BARANDIARAN (PNV):

“El debate sobre la suficiencia de las pensiones es diferente al de su viabilidad. No es ni correcto ni deseable vincular ambos debates”

ANTONIO GARAMENDI (CEOE):

La primera opción es que la economía funcione, que haya empleo y que se incrementen los ingresos por cotizaciones sin necesidad de tocarlas”

MERCÈ PEREA (PSOE):

“Se debe actuar a corto, medio y largo plazo para garantizar el poder adquisitivo de los pensionistas, junto con medidas por el lado de los ingresos”.


 

OTRAS ACTUACIONES

Mejorar la información. La portavoz de OCOPEN destaca “la necesidad de mejorar la información al ciudadano, incluyendo detalles individualizados sobre su participación en el sistema, y su educación financiera en general, fundamental para comprender las implicaciones de cualquier reforma y de la importancia de planificar y tomar decisiones sobre su futuro”.

Transformar la sociedad. Cambronero expone que “debemos comprometernos como país con unas políticas de apoyo a las familias que fomenten la natalidad y mejoren la conciliación, ya que España no puede seguir consintiéndose que muchas familias que quieren tener hijos no lo hagan porque no pueden permitírselo o no pueden conciliar”. La formación naranja apuesta por “más ayudas directas a las familias, fomento del teletrabajo y escuelas de 0 a 3 años universales y gratuitas para favorecer la conciliación”.

Recuperar el diálogo social. Bravo insiste en la importancia de recuperar “el marco de concertación política y social, a través del acuerdo parlamentario y el diálogo social, rasgos definitorios del Pacto de Toledo, modelo exitoso entre 1995 y 2011 y que lleva una década en barbecho”. Considera que “es una condición necesaria para avanzar en estas cuestiones con los mayores niveles de acuerdo y de legitimación social”. I